De la “soberanía alimentaria” a la dolarización del consumo

Si la memoria no perdona, tampoco lo hace la historia; a medida que pasa el tiempo se atan los cabos, se contrastan las promesas con los resultados y algunas paradojas terminan haciéndose evidentes.

Durante más de dos décadas, la producción de alimentos ocupó un lugar central en el proyecto político venezolano. Bajo la bandera de la “soberanía alimentaria” se profundizó la intervención estatal en el campo mediante redistribución de tierras, empresas públicas, fundos y formas de propiedad social, controles de precios y una creciente participación del Estado en la producción y comercialización.

Es bueno recordar, que la intervención estatal en la agricultura venezolana no nació con el chavismo, ya en 1996 la FAO describía la política agrícola nacional como fuertemente intervencionista y proteccionista. Lo que posteriormente cambió fue su profundidad, extensión y orientación política hacia un modelo que aspiraba a reducir la dependencia del capital privado y alcanzar mayores niveles de autosuficiencia alimentaria.

Más de veinte años después, el contraste con la realidad de 2026 merece ser examinado, ya que el resultado no puede resumirse diciendo que Venezuela pasó de ser autosuficiente a depender de las importaciones, porque esa autosuficiencia nunca existió plenamente. La pregunta pertinente es otra: ¿qué ocurrió con un proyecto que convirtió la soberanía alimentaria en uno de sus principales objetivos? Dos productos fundamentales de la dieta venezolana ayudan a responder la interrogante.
En agosto de 2026, Fedeagro estimó unas 325.000 hectáreas sembradas de maíz. Aproximadamente 200.000 corresponden a maíz blanco, con una cosecha cercana al millón de toneladas, cantidad que -según el gremio- permitiría abastecer durante unos diez meses el mercado de harina precocida. El maíz amarillo, fundamental para la alimentación animal, cubriría apenas cinco o seis meses de la demanda nacional.

La fotografía, por tanto, es más compleja que la de un campo simplemente destruido: Venezuela mantiene una capacidad agrícola considerable, particularmente en maíz blanco, pero continúa necesitando importaciones para completar distintas cadenas de consumo.

Con el arroz ocurre algo similar. En septiembre, Fedeagro calculó una oferta nacional cercana a 340.000 toneladas. Al mismo tiempo, el gremio ha denunciado la entrada durante 2026 de más de 2,2 millones de toneladas de maíz y arroz importados, parte de ellas -según su presidente- favorecidas por exoneraciones arancelarias y fiscales. Esa afirmación corresponde a los productores y requiere contrastarse con información oficial detallada sobre importadores y condiciones tributarias, pero revela una tensión evidente entre producción nacional e importaciones; en tal sentido, así aparece una de las principales paradojas del modelo actual.

Venezuela tampoco transitó simplemente desde la planificación estatal hacia un “libre mercado”. Lo que existe en 2026 se parece más a un sistema híbrido: producción y agroindustria privadas, importadores y mecanismos de mercado conviven con decisiones estatales sobre aranceles, divisas, crédito, permisos y condiciones de comercialización.

A ello se suma otra transformación: la referencia del dólar en la vida cotidiana, lo cual no significa que todas las compras se realicen en moneda estadounidense. Significa que buena parte de los costos, reposiciones y decisiones comerciales terminan relacionados directa o indirectamente con el valor de las divisas.

La Canasta Alimentaria Familiar permite observar con claridad: Cendas-FVM calculó que una familia de cinco personas necesitó 756,45 dólares en junio de 2026 para adquirir los 60 productos incluidos en su medición. En julio la cifra descendió a 727,89 dólares, pero simultáneamente el costo de esa misma canasta aumentó alrededor de 15,8 % medido en bolívares, una aparente contradicción que explica buena parte de la economía venezolana contemporánea.

El ciudadano compara marcas, cantidades, presentaciones, tasas de cambio y capacidad de reposición. El costo de un kilo de arroz o de harina de maíz ya no se interpreta únicamente en bolívares: detrás del precio aparecen la divisa, los insumos importados, el transporte, la disponibilidad y la posibilidad de reponer mañana lo que se vende hoy, por esta razón, la paradoja es difícil de ignorar.

Un proyecto que aspiró a proteger al consumidor de las fluctuaciones del mercado y reducir la dependencia externa terminó coexistiendo con una economía agroalimentaria donde la empresa privada volvió a ocupar un papel determinante, las importaciones siguen siendo necesarias y el dólar se convirtió en una referencia fundamental para entender cuánto vale lo que llega a la mesa.

No estamos, por tanto, ante el triunfo puro de un modelo sobre otro, estamos frente a la transformación de un sistema: de la aspiración de planificación y soberanía alimentaria hacia una estructura híbrida, privada e importadora, pero todavía profundamente condicionada por decisiones del Estado, quedando pendiente las mismas preguntas históricas: ¿Quiénes están realmente detrás de los alimentos que hoy encontramos en los anaqueles venezolanos? ¿Quién produce, quién importa, quién financia y quién obtiene las ventajas para hacerlo?

Desde Unidad Visión Venezuela, esa será nuestra próxima investigación: la metamorfosis del campo venezolano y la nueva relación entre producción privada, importaciones y poder político.

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