Más de 7.700 bachilleres de alto promedio quedaron sin cupo universitario

En una radiografía crítica sobre el acceso a la educación superior en el país, la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, reveló que más de 7.700 jóvenes con promedios académicos de excelencia entre 18 y 20 puntos se quedaron fuera del sistema de asignación universitaria en el último proceso nacional, situación que impulsa la urgencia de reestructurar el marco legal de la educación universitaria.

Durante su intervención en Unión Radio, la titular de la cartera educativa detalló las estadísticas del reciente proceso de ingreso: ante una demanda global de 397.556 aspirantes, la oferta nacional alcanzó únicamente 363.971 cupos disponibles. De este total, la plataforma asignó a 237.754 estudiantes, mientras que 71.577 certificados fueron emitidos para inscripciones en universidades privadas u ofertas de capacitación como la Misión Sucre.

Sin embargo, el dato más alarmante de la gestión recae en la población no asignada, la cual suma 133.199 aspirantes, incluyendo la denominada población flotante de promociones pasadas.

​«La primera sorpresa que nos encontramos es que 1.297 jóvenes con promedios impecables entre 19 y 19,99 puntos durante todo el bachillerato se quedaron afuera. Asimismo, 6.425 estudiantes con promedios entre 18 y 18,99 tampoco obtuvieron cupo», advirtió Sanjuán.

Ante este escenario, la ministra defendió la necesidad transformadora de la nueva Ley de Universidades, proponiendo un debate participativo e incluyente que garantice pertinencia social y laboral en las ofertas de estudio.

La alta funcionaria planteó la ruta institucional para la discusión del proyecto legislativo: ​Consenso en el CNU: La propuesta legal debe discutirse ampliamente en el seno del Consejo Nacional de Universidades CNU y ser aprobada por consenso entre las distintas autoridades y casas de estudio.

Respaldo en el Parlamento: Posteriormente, el texto remitido a la Asamblea Nacional debe ser refrendado por unanimidad de las fuerzas políticas.

​«El objetivo es garantizar que la oferta de carreras universitarias responda plenamente a las demandas de desarrollo del país y brinde una garantía real de inserción laboral a los egresados», concluyó.