La parálisis en la red: El costo humano y económico de las horas a oscuras en Venezuela

El artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Sin embargo, en la cotidianidad del venezolano, el acceso continuo a un servicio básico y fundamental como la electricidad sigue siendo un desafío que paraliza el desarrollo del país.

Las interrupciones eléctricas y los esquemas de racionamiento que se extienden habitualmente entre 6 y 8 horas diarias en diversas regiones no solo apagan un bombillo; paralizan la dinámica económica, comercial y social. Comercios que dependen de puntos de venta y conectividad ven interrumpidas sus operaciones, la pequeña y mediana industria pierde horas de producción cruciales y las familias enfrentan la constante amenaza de perder sus alimentos o dañar sus electrodomésticos debido a las fluctuaciones.

Detrás de las cifras de megavatios existe un impacto social incalculable. La falta de energía altera la calidad de vida en los hogares, interrumpe clases, complica la atención primaria en centros de salud y paraliza el bombeo de agua potable. Una nación no puede proyectar una recuperación económica sólida ni atraer inversiones sostenibles mientras su aparato productivo deba operar a media marcha por la inestabilidad de la red eléctrica.

El restablecimiento pleno del Sistema Eléctrico Nacional no es una demanda suntuaria, sino una urgencia estructural y un derecho ciudadano. Garantizar un servicio eléctrico continuo, confiable y eficiente es el punto de partida indispensable para devolverle la normalidad a los hogares venezolanos y reactivar la economía real.